Cuestionando paradigmas

Cuestionando paradigmas.

La palabra paradigma se ha puesto de moda y en ocasiones no alcanzamos a apreciar su trascendencia.

Iniciaré este post retomando las ideas de Stephen R. Covey (2003) para comprender qué es un paradigma y luego presentaré algunos ejemplos que están relacionados con el derecho.

Un modo simple de pensar los paradigmas, que se adecua a nuestros fines, consiste en considerarlos mapas. Todos sabemos que «el mapa no es el territorio». Un mapa es simplemente una explicación de ciertos aspectos de un territorio. Un paradigma es exactamente eso. Es una teoría, una explicación o un modelo de alguna otra cosa.[…]
Los paradigmas son poderosos porque crean los cristales o las lentes a través de los cuales vemos el mundo. El poder de un cambio de paradigma es el poder esencial de un cambio considerable, ya se trate de un proceso instantáneo o lento y pausado.

En otras palabras, los paradigmas son modelos mentales que nos sirven para entender aquello que observamos.

Según recuerdo, en las clases de Historia General del Derecho, Sergio Vela se nos decía que el progreso de las ciencias naturales se daba conforme surgían nuevos paradigmas que reemplazaban a los anteriores ya que tenían un mayor alcance explicativo o predictivo, según él, esto no pasaba con las humanidades (incluido el derecho) pues aquí el conocimiento se acumula, no se sustituye.

En su momento, esas ideas parecían correctas pero después comencé a encontrar sentencias que se sustentaban en ideas ajenas a la ley y a la Constitución. Pongo un ejemplo, en varias ocasiones las demandas de amparo que promoví fueron desechadas y los jueces de distrito alegaban que el acto reclamado no era unilateral, obligatorio y coercitivo o que la autoridad no tenía tal carácter para efectos del juicio de amparo.

Los requisitos de unilateralidad, obligatoriedad y coercitividad no estaban previstos en la anterior Ley de Amparo y tampoco en la Constitución (la Constitución sigue sin contemplarlos).

Durante mucho tiempo cuestioné el origen de tales requisitos pero nunca encontraba una respuesta clara y eso solamente aumentaba la sensación de ser víctima de una arbitrariedad.

Posteriormente me di cuenta de que tales requisitos son exigidos debido a las ideas que les inculcaron en la universidad a nuestros jueces, en específico al paradigma de derecho humano.

Sin duda el jurista más famoso de México es Ignacio Burgoa y fue el concepto de derecho humano contenido en sus libros el que mayor difusión ha tenido en nuestro país. Aquí las palabras de Burgoa (1986) en relación con la naturaleza de los derechos humanos, anteriormente denominados garantías individuales por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Ahora bien, directa y primordialmente, frente a los miembros singulares del Estado o gobernados, la autolimitación estatal y las limitaciones jurídicas a la actuación de las autoridades se revelan en las garantías individuales. Por tanto, éstas se traducen jurídicamente en una relación de derecho existente entre el gobernado como persona física o moral y el Estado como entidad jurídica y política con personalidad propia y sus autoridades, cuya actividad en todo caso se desempeña en ejercicio del poder y en representación de la entidad estatal. En realidad, los sujetos inmediatos y directos de la relación jurídica que implica la garantía individual están constituidos por el gobernado, por una parte, y las autoridades del Estado, por la otra, puesto que es la conducta de estas mismas la que está limitada o restringida de modo directo por dicho vínculo de derecho; sin embargo, como una autoridad no debe ser reputada como entidad o funcionario per se, esto es, que traduzca una voluntad propia en cuanto al desempeño de su actuación pública, sino que siempre se la debe considerar como representante del Estado, a quien se encomienda el ejercicio del poder de éste, hablando con propiedad las limitaciones que comprende la relación jurídica que entraña la garantía individual, y que inmediata y directamente se imputa a la conducta autoritaria, repercuten en la potestad del Estado, ya que la primera no se traduce sino en el ejercicio o desempeño de ésta.[…]
las relaciones de supra o sub-ordinación descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, es decir, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, por un lado, y el gobernado, por el otro. En dichas relaciones, la persona moral estatal y sus autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana o de gobierno, o sea, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. En efecto, se dice que todo acto de autoridad es unilateral, porque su existencia no requiere la voluntad del particular al que va dirigido o frente al que se realiza; que es imperativo, en virtud de que se impone contra y sobre la voluntad en contrario del gobernado, quien tiene la obligación de obedecerlo, y sin perjuicio, claro está, de que lo impugne jurídicamente como corresponda; y que es coercitivo, atendiendo a que, si no se acata por rebeldía u oposición de la persona contra quien se pretenda ejecutar, puede realizarse coactivamente, incluso mediante la fuerza pública, en detrimento de ella. La concurrencia de los tres elementos indicados forma la índole propia del acto autoritario o de gobierno, de tal manera que, faltando cualquiera de ellos, el acto que provenga de un órgano estatal y que se realice frente a un particular no será de autoridad. Ahora bien, cuando las relaciones de supra a subordinación se regulan por el orden jurídico, su normación forma parte tanto de la Constitución como de las leyes administrativas principalmente, implicando en el primer caso las llamadas “garantías individuales”.” (pág. 167)

Cuando me percaté del modelo teórico de derecho humano empleado por Burgoa y de sus características, comprendí de inmediato que esa era la causa por la que los jueces se negaban a aceptar una demanda de amparo en contra de un acto de autoridad que no reunía los requisitos señalados por este autor.

Como se puede observar, según Burgoa, un derecho humano no es mas que una restricción al poder estatal. Por lo tanto, todo acto de autoridad combatido mediante el juicio de amparo debe forzosamente tener las características propias de un acto impregnado del poder estatal, es decir, debe ser unilateral, imperativo y coercitivo.

Pero, ¿qué pasa si el paradigma de derecho humano del cual parte Burgoa es incorrecto, incompleto o defectuoso?, ¿qué pasa si los derecho humanos son más que simples restricciones al poder estatal?, ¿qué pasa si los derechos humanos son eficaces aun frente a particulares?, ¿qué tal si los derechos humanos no solo implican obligaciones de no hacer sino deberes positivos como los derechos económicos, sociales y culturales?

Justo después de hacerme estas preguntas es que la idea de Sergio Vela en el sentido de que el conocimiento en las humanidades  se acumula dejó de tener sentido y me percaté que aun en el Derecho el avance científico implica sustituir un paradigma por otro más completo que explique de mejor forma el fenómeno jurídico.

En este caso, el paradigma de Burgoa respecto de lo que es un derecho humano es el que necesita ser reemplazado por otro más amplio que explique de mejor forma al fenómeno jurídico de los derechos humanos. Descubrir este error me llevó demasiadas horas de estudio y práctica profesional y tiene grandes repercusiones para el juicio de amparo, para apreciarlas basta con considerar que hoy en día las violaciones de derechos humanos cometidas en relaciones de coordinación (por ejemplo en el contexto de contratos celebrados con la autoridad) no son justiciables.

Se nos ha vendido la idea de que los derechos humanos solamente nos protegen en las relaciones de supra a subordinación pero la realidad es que los derechos humanos también nos protegen respecto de particulares y aun en los contextos de coordinación por ejemplo el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que prohíbe los actos de usura y la misma tiene como presupuesto, precisamente un contrato (mutuo con interés), es decir, una relación de coordinación.

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

Como se puede ver el paradigma de un derecho humano tiene importantes repercusiones en nuestro sistema de justicia pero desgraciadamente es una idea que ha estado en el inconsciente colectivo por mucho tiempo sin ser cuestionada.

Esto es un problema de grandes magnitudes pues la práctica jurídica demuestra que el paradigma de derecho humano de Burgoa tuvo una gran difusión en incluso este autor llegó a ser más poderoso que el Poder Constituyente de 1917 o el Congreso de la Unión pues estableció requisitos al acto reclamado que no estaban en el derecho positivo (la Constitución no exige la unilateralidad, imperatividad y coercitividad del acto reclamado y la anterior Ley de Amparo tampoco lo hacía).

No pretendo denostar a Burgoa y por el contrario reconozco expresamente que fue alguien que escribió con una auténtica vocación docente. No conozco a nadie que haya escrito una obra tan extensa solamente para enaltecer su ego. Lo único que pretendo hacer con estas líneas es llamar la atención del lector al hecho de que un modelo teórico de derecho humano aceptado de forma dogmática y que actualmente es insostenible (pues no explica el efecto horizontal de los derechos humanos, los derechos humanos económicos, sociales y culturales, etc.) ha sido el responsable de denegación de justicia.

Por otra parte, esto nos demuestra que aun en el Derecho el avance científico no se acumula sino que los paradigmas se sustituyen unos por otros dependiendo de qué modelo tiene mayores alcances explicativos.

Pondré otro ejemplo de cómo los paradigmas tiene efectos prácticos en nuestras vidas.

Cuando redactamos la sección “La defensa del medio ambiente” del Curso de Amparo detectamos que erróneamente se ha catalogado al medio ambiento como un interés difuso o a lo sumo un interés colectivo siendo que nuestra Constitución regula dicho derecho como un derecho humano de titularidad individual.

Artículo 4 […]Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

Quienes afirman que el derecho al medio ambiente es un interés colectivo o difuso sustentan tal afirmación únicamente en un enunciado descriptivo de la realidad física y no en una norma jurídica. El error en este casos consiste en no usar el paradigma correcto (o incluso desconocerlo) para estudiar el fenómeno jurídico.

Como lo he mencionado líneas arriba, un paradigma es una especie de cristal a través de la cual observamos y si dicho paradigma no es el adecuado llegaremos a falsas conclusiones.

Es evidente que el medio ambiente es algo que trasciende a un individuo pero eso no es una conclusión jurídica sino fáctica.

Al respecto debemos reconocer que el derecho pertenece al mundo del debe ser, por lo tanto, no podemos estudiarlo de la misma forma que estudiamos el mundo del ser, es decir, las ciencias naturales.

En otras palabras, el paradigma correcto para conocer aquello que denominamos jurídico consiste en primero atender a la norma y después a la realidad social para comprender el sentido jurídico de las cosas.

Ahora veamos a qué conclusiones llegamos si partimos primero de la norma jurídica y no de la realidad física.

El artículo 4º constitucional establece lo siguiente:

Artículo 4 […]Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

Aquí cabe realizar la siguiente pregunta: ¿quién es el titular del derecho al medio ambiente sano para el desarrollo y el bienestar en términos de la norma constitucional? La respuesta es toda persona. Nótese que la Constitución no refiere que el titular sea la sociedad o la colectividad sino los individuos.

El derecho al medio ambiente sería un interés colectivo si el artículo 4 constitucional tuviera la siguiente redacción:

[El pueblo] tiene derecho a medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, o bien,[La sociedad] tiene derecho a medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar.

En otras palabras, el derecho al medio ambiente sería un interés colectivo si la norma jurídica imputase el derecho a un ente colectivo pero esto no es así.

Como se puede ver nuestras ideas repercuten en la forma en que percibimos la realidad, en este caso, las ideas que tenemos respecto del método jurídico influyen en la manera en que interpretamos el artículo 4° constitucional que establece el derecho al medio ambiente.

Lo anterior demuestra la importancia de analizar la exactitud de los paradigmas que empleamos ya que la realidad que pretenden explicar siempre será más grande y compleja que un simple modelo mental por lo que debemos cuestionarlos periódicamente.

Por último me gustaría abordar el tema de los paradigmas y el medio  ambiente pero ahora desde una perspectiva distinta a la jurídica.

Hace poco leí el libro “The Last Hours of Ancient Sunlight” de Thom Hartmann y creo que el autor es atinado al decir que los problemas de contaminación y especies en peligro de extinción derivan en última instancia del paradigma que nos hemos formado de nosotros mismos como raza humana y nuestra relación con el entorno y otras especies.

Al principio esto puede parecer una solución simplista pero estoy convencido de que eso no le quita contundencia.

Si analizamos con cuidado nuestro comportamiento veremos que está sustentado en ideas que le sirven de presupuestos.

En ese contexto, gran parte de las conductas humanas que deterioran el medio ambiente parten indirectamente de la idea de que el entorno existe para servirnos, es decir, nosotros como especie humano tenemos un lugar privilegiado respecto de otros seres vivos y por ello podemos alterar el ambiente con la finalidad de satisfacer nuestras necesidades sin importar el costo que ello tenga para otras especies.

Lo anterior incluso se ve reflejado en la definición o concepto que tenemos de la tecnología (Wikipedia, 2015):

Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, científicamente ordenados, que permiten diseñar, crear bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la humanidad.

Otra manifestación de esa idea de superioridad que creemos tener como especie la encontramos en la Biblia en el libro del Génesis cuando se le menciona que el hombre ejercerá dominio sobre otros seres vivos y sobre la tierra misma.

Aclaro que no estoy en contra de las religiones que tienen al Génesis dentro de sus libros sagrados simplemente estoy demostrando que la idea de la superioridad de la especie humana está presente en nosotros como un elemento cultural.

Génesis 1:26
Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra.

Esta idea de ejercer dominio sobre el resto de las cosas (tierra, plantas y animales) también la encontramos en el Derecho Romano que consideraba a la usucapión como una forma de adquirir la propiedad (Iglesias, 2001, 166) y se ha conservado hasta nuestros días.

Código Civil

Artículo 1151. La posesión necesaria para prescribir debe ser:I. En concepto de propietario;II. Pacífica;III. Continua;IV. Pública.
Artículo 1152.Los bienes inmuebles se prescriben:I. En  cinco  años,  cuando  se  poseen  en  concepto  de  propietario,  con  buena  fe,  pacífica,  continua  y públicamente;II. En cinco años, cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión;III. En diez años, cuando se poseen de mala fe, si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y pública;IV. Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones I y III, si se demuestra, por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de finca rústica no la ha cultivado durante la mayor parte  del  tiempo  que  la  ha  poseído,  o  que  por  no  haber  hecho  el  poseedor de  finca  urbana  las reparaciones necesarias, ésta ha permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en poder de aquél.

Como podemos ver no solamente nos consideramos con derechos a ejercer dominio sobre el medio ambiente sino que incluso consideramos que el hecho mismo de ejercerlo es título suficiente para crear un derecho a favor nuestro.

La realidad es que esta forma de ver las cosas puede terminar extinguiéndonos como especie. Es necesario que reconozcamos que no somos los dueños de este planeta y que solo somos uno de sus múltiples habitantes.

La razón de ser de otras especies no consiste en satisfacer absolutamente todas nuestras necesidades y caprichos. Debemos entender que el respeto a la biodiversidad implica, en última instancia, respetar nuestra propia vida dada la interdependencia que existe entre las especies.

Si no cambiamos esa idea de que somos los dueños de todo este planeta y el resto de las especies, incluso el cambio a las energías limpias no serán la solución al deterioro ambiental, pues seguiremos aumentando la población humana a costa de otras especies.

En conclusión, creo que debemos pasar de un paradigma del dominio y la superioridad a otro sustentado en el respeto y la interdependencia pues al final de día es cierto que todos estamos conectados, todos somos uno.

Termino este post con las siguientes ideas: siempre escuchamos que se necesita un cambio de conciencia para mejorar este mundo. Tal vez ese cambio de conciencia implique sustituir un paradigma obsoleto por otro que se acerque un poco más a la realidad y que nos habilite para obtener los resultados que deseamos. Así que la pregunta relevante es ¿qué paradigmas no cuestionados te están impidiendo obtener los resultados que deseas?

Juan Carlos González Cancino

Abogado 

Consultor en Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Derecho Constitucional

https://juancarlosgonzalezcancino.com/ 

constitucionalistasmexicanos@gmail.com

 

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