Constitucionalistas Mexicanos: Noticia

Recientemente Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación de la Administración Pública Federal manifestó que el gobierno tiene un diálogo con grupos armados:

“Estamos dialogando con muchos grupos y están, de verdad, nos han manifestado ya, que no quieren seguir en esta violencia. Que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz”

Al respecto es conveniente recordar que tanto el derecho interno como el internacional establecen obligaciones a cargo del Estado Mexicano de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos.

Constitución

Art. 1…
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Disposiciones como la anterior, ponen en tela de juicio el referido diálogo que el gobierno tiene con dichos grupos armados ya que existe una mandato claro del Derecho en el sentido de sancionar a quienes violen derechos humanos y la violencia física ejercida por medio de armas es incompatible con los derechos humanos, por ejemplo:

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Juan Carlos González Cancino
Abogado constitucionalista especializado en juicio de amparo y derechos humanos.
Autor del Tratado de Amparo.

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sábado, 17 de agosto de 2019

La inconstitucionalidad de la extinción de dominio

Una perspectiva completamente ignorada de la extinción de dominio es la relativa a la inconstitucionalidad de la reforma constitucional de 2019 que incorporó dicha acción al texto del artículo 22 de nuestra Carta Magna.

Para entender esa inconstitucionalidad debemos considerar el principio de progresividad adicionado al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en junio de 2011:

(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

Una de las implicaciones del principio de progresividad es establecer una prohibición de regresividad normativa en materia de derechos humanos, de tal suerte que no se pueden realizar cambios normativos que tengan por efecto restringir derechos humanos.

En el caso concreto la iniciativa de reforma constitucional que dio origen a las actuales disposiciones constitucionales relativas a la extinción de dominio transgrede el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece lo siguiente: