¿Qué es el principio
pro persona?
El
principio pro persona es un criterio de solución de problemas jurídicos que
tiene por efecto brindar la mayor protección posible a los particulares.
Para
lograr una adecuada comprensión de la anterior definición es necesario saber en
primer lugar qué son los problemas jurídicos y cómo opera el principio pro
persona respecto de cada problema.
A
grandes rasgos los problemas jurídicos se clasifican en cuatro categorías:
1)
Prueba
2)
Calificación
3)
Relevancia
4)
Interpretación
Los
problemas relativos a la prueba
tienen que ver con la acreditación de ciertos hechos, es decir con la
demostración del acontecimiento de ciertos eventos que tienen consecuencias en
el mundo jurídico.
En
los problemas de prueba el principio pro persona puede tener varios efectos,
uno de ellos consiste en que el quejoso no es el único que tiene la carga de la
prueba para acreditar los actos reclamados en un juicio de amparo. Lo anterior
es congruente incluso con la naturaleza misma de los derechos humanos que son de
orden público y con las obligaciones impuestas a la autoridad de investigar y
proteger los derechos humanos.
Constitución
Art.
1…
Todas
las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de
promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos
de conformidad con
los principios de
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.
Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo González y otros vs Venezuela
sentencia de 27 de noviembre de 2012:
151.
La Corte ha señalado en su jurisprudencia reiterada que “el deber de investigar
es una obligación de medios y no de resultado, que debe ser asumida por el
Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada
de antemano a ser infructuosa, o como una mera gestión de intereses particulares”86.
La investigación debe ser “seria, imparcial […] efectiva […] y [estar]
orientada a la determinación de la verdad y a la persecución, captura,
enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de los hechos”87.
La obligación referida se mantiene “cualquiera sea el agente al cual pueda
eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus
hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo,
auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad
internacional del Estado”88.
Otra
expresión del principio pro persona en materia de prueba lo constituye el
principio denominado in dubio pro reo, que obliga a la
autoridad jurisdiccional a favorecer al imputado en caso de insuficiencia
probatoria.
Los
problemas de calificación refieren a
la manera en que los hechos son clasificados en las distintas materias o
instituciones jurídicas. Por ejemplo el hecho de que una persona extranjera
reciba la orden de salir del país por parte de una autoridad puede ser
clasificado como el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 33 de la
Constitución o bien puede ser clasificado como la aplicación de la pena de
destierro.
Artículo
33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el
artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que
reconoce esta Constitución.
El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia,
podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en
la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y
tiempo que dure la detención.
En
caso de que el asunto sea clasificado como un destierro, el juicio de amparo
contempla beneficios tales como la suspensión de oficio y la posibilidad de que
la demanda pueda ser presentada por cualquier persona, ello hace evidente que
el quejoso tiene una mayor protección si el caso es clasificado como un
destierro y no como el ejercicio de la facultad del artículo 33 de la
Constitución.
Ley
de Amparo
Artículo
15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a
la libertad personal
fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión,
proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de
personas o alguno
de los prohibidos
por el artículo
22 de la Constitución Política
de los Estados
Unidos Mexicanos, así
como la incorporación forzosa al
Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se
encuentre imposibilitado para
promover el amparo,
podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de
edad.
En estos
casos, el órgano
jurisdiccional de amparo
decretará la suspensión de
los actos reclamados,
y dictará todas
las medidas necesarias para
lograr la comparecencia del agraviado.
En
ese contexto, el principio pro persona obliga a la autoridad a resolver el
problema de calificación proporcionando la mayor protección al quejoso, en
consecuencia el caso concreto deberá ser clasificado como un destierro.
Los
problemas de relevancia tienen por
objeto identificar qué normas son las aplicables al caso concreto.
El
efecto del principio pro persona tratándose de los problemas de relevancia
consiste en preferir aquella norma que resulte más benéfica a una persona.
El
siguiente ejemplo aclara lo anterior: supóngase el caso de una contradicción
entre una disposición constitucional y un tratado internacional.
En
un escenario así, el principio pro persona obliga a la autoridad a resolver la antinomia
eligiendo a aquella norma que más beneficie a los particulares, en algunas
ocasiones será la disposición constitucional y en otras será el tratado
internacional según corresponda.
Finalmente
los problemas de interpretación
refieren a la obtención del sentido de una disposición.
En
estos casos el principio pro persona obliga a la autoridad a elegir, dentro de
todos los significados derivables de una disposición, aquel significado que es
más benéfico y protector para los derechos humanos del particular.
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Juan Carlos González Cancino
Abogado
Consultor en Juicio de Amparo, Derechos Humanos y Derecho Constitucional
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